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Más de 50 drones ya vuelan en Colombia

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Hacen seguimientos a grupos armados ilegales en las selvas. No tienen ninguna clase de artillería.

El general Tito Saúl Pinilla, comandante de la Fuerza Aérea (FAC), reveló uno de los secretos hasta ahora mejor guardados de las Fuerzas Militares: el país cuenta con más de 50 aviones no tripulados, también conocidos como drones.
Esta flota ya está siguiendo a la guerrilla y a otros grupos ilegales en las selvas, vigilando fronteras y con la mira en las amenazas de la infraestructura minera y petrolera.

Este jueves, EL TIEMPO reveló fotos de los modelos Scan Eagle, que la FAC compró a la Boeing Co.
Estos aviones son usados por EE. UU. en las guerras de Irak y Afganistán, donde han jugado un papel clave en la inteligencia a las redes de Al Qaeda.Aunque los que están en el país no tienen ninguna clase de artillería, en Medio Oriente sí han participado en bombardeos.

Los ART de la Fuerza Aérea tienen una autonomía de vuelo de más de 10 horas y la cámara que tiene incorporada realiza videos y fotos en alta definición, incluso de noche.

Estos drones vienen realizando operaciones desde hace más de un año, especialmente en la serranía de La Macarena, en Orito (Putumayo) la región del Catatumbo y Saravena (Arauca), todos territorios de alto conflicto.

Mientras tanto, universidades y las Fuerzas Armadas avanzan en la construcción de un avión no tripulado criollo. Lo que sí es tecnología local es un simulador de vuelo para los ART. Lo crearon en tres meses, en el sector de El Buque, en Villavicencio, y fue entregado este jueves en la noche.

“Se trata de un trabajo ciento por ciento colombiano”, dijo el general (r) Jorge Humberto González Ruiz, director de la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa.

Lo que sigue siendo un misterio es el número de drones que tiene el Ejército.

Reciben simulador de vuelo
fue entregado al mindefensa en Villavicencio

En la noche de este jueves, en la base aérea de Apiay, en Villavicencio, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, recibió el simulador para hacer volar aviones no tripulados.

En ese aparato, que apenas tiene 2 metros de alto por 3 metros de largo, y un software, una palanca y un control remoto, los pilotos pueden aprender a manejar esos aviones como si estuvieran en una cabina desde tierra.

REDACCIÓN JUSTICIA
juamer@eltiempo.com

Colombia: Militares podrían bombardear a las bandas criminales

Por:  |

8:55 p.m. | 18 de Marzo del 2013

Así lo dice proyecto que reglamenta reforma del fuero militar, que será presentado hoy al Congreso.

El proyecto que reglamenta la polémica ley de reforma del fuero militar, aprobada por el Congreso el año pasado, incluye una medida drástica frente al creciente poderío de las bandas criminales, uno de los mayores retos para la seguridad del país en el último lustro.

Con esa iniciativa, que tiene 98 artículos y que será radicada hoy ante el Congreso, se abre la puerta para que las Fuerzas Militares puedan utilizar todo su poder de fuego contra las bandas, incluidos bombardeos como los que en los últimos años han puesto en jaque a las Farc.

Actualmente, las normas vigentes impiden que esos grupos, a pesar de que tienen armas largas y campamentos similares a los de los antiguos grupos paramilitares, sean considerados como un blanco legítimo de las Fuerzas Militares.

Pero en la propuesta, conocida por EL TIEMPO, tanto guerrilla como bandas son considerados “grupos armados ilegales”. Esto, con la expresa advertencia de que ese reconocimiento no implica ningún estatus político para los nuevos grupos.

Así, dicen las fuentes, se reitera que las bandas no tienen sustento ideológico alguno y que su esencia y finalidad única es el narcotráfico.Por lo tanto, reconocer su capacidad de daño no implicará abrir la posibilidad a ninguna negociación política con ellas.

Según el proyecto, la intervención militar se dará si se cumplen algunas condiciones: cuando las bandas son capaces de ejercer “niveles superiores de violencia”, por su tipo de armamento y capacidad de daño a la población civil, y cuando existe una capacidad de mando organizado.

Esas son características que bandas como ‘los Urabeños’ y ‘los Rastrojos’ lograron desde hace años, a pesar de lo cual el mayor peso de las operaciones en su contra sigue en cabeza de la Policía.

En estos casos, como en las acciones contra la guerrilla, el Ejército podrá realizar operaciones a la luz del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

“Si cualquier estructura, no importa el nombre, reúne las condiciones para ser grupo armado ilegal, las Fuerzas Militares las pueden atacar”, asegura un asesor del Ministerio de Defensa.

El proyecto señala que la posibilidad de decidir en qué operaciones se usará el poderío militar dependerá de la cúpula de las Fuerzas Militares, aunque el Presidente tendrá opinión en el tema.

En varias zonas, las bandas han aprovechado el vacío legal que había para actuar en su contra. Así, grupos como ‘los Urabeños’ tienen campamentos de centenares de hombres armados y, sin embargo, nunca han podido ser atacados con todo el peso del Estado.

Uno de sus jefes, ‘Arboleda’, fue capturado por la Policía el año pasado en medio de un enfrentamiento con un anillo de seguridad que tenía 90 hombres armados.

El año pasado, las bandas fueron responsables de 9 de cada 10 masacres y de por lo menos 3.000 asesinatos. En este momento controlan el narcotráfico en varias zonas del país y son consideradas la primera amenaza para los líderes de restitución de tierras.

La iniciativa, de acuerdo con sus autores, le apunta también al postconflicto con las Farc. Las mismas normas podrían ser aplicadas contra una eventual disidencia de esa guerrilla en caso de que el proceso de paz de La Habana termine en acuerdos que permitan el desarme del grueso del grupo insurgente.

Error o legítima defensa eximen de una pena

En el proyecto que empezará a estudiar el Senado -es una ley estatutaria y deberá ser aprobada por la mayoría calificada y tendrá control previo de la Corte Constitucional- se definen 16 conductas delictivas que, en ningún caso, serán conocidas por los jueces militares.

Así, frente a conductas como ejecución extrajudicial (el ‘delito madre’ de los ‘falsos positivos’), tortura, violencia sexual, genocidio, desplazamiento y desaparición forzada, los tribunales castrenses no tienen jurisdicción.

La definición de las exclusiones se hizo tomando como referencia los estatutos de la Corte Penal Internacional.

La definición del delito de ejecución extrajudicial, que ha generado polémica, se daría cuando “el servidor público (…), en ocasión de sus funciones, matare a alguien habiéndolo dominado en absoluta indefensión”.

Las fuentes del Ministerio de Defensa descartan que los procesados por los ‘falsos positivos’ vayan a sacar algún provecho legal de las nuevas reglas de juego.

En esencia, la reforma de la justicia penal militar, que sigue generando críticas dentro y fuera del país, establece que las operaciones militares contra grupos armados ilegales se regirán por las normas del Derecho Internacional Humanitario. Así, un militar no sería procesado por conductas como uso debido de la fuerza, como actualmente ocurre.

Uno de los puntos polémicos será la exoneración de responsabilidad penal en tres casos: cuando el delito sea producto de un error, en los casos de legítima defensa, o cuando se actúa en cumplimiento de órdenes superiores. En este último punto (la obediencia debida) hay ya varias decisiones de la Corte Constitucional que señalan que un subalterno no puede excusarse en una orden superior para cometer una conducta ilegal.

Otros delitos graves, como narcotráfico, están excluidos de plano porque no tienen relación alguna con el servicio y, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, deben ser conocidos por la justicia ordinaria.

Con Tribunal de Garantías se busca credibilidad

La justicia penal militar enfrenta el reto de romper la desconfianza que ha rodeado sus actuaciones en los últimos años, especialmente frente a casos como los ‘falsos positivos’.

El Ministerio de Defensa ya trabaja en fortalecer una entidad independiente del mando militar, para garantizar independencia y transparencia. Con la creación de una carrera específica, en la que la mayoría sean abogados, se espera que la justicia militar tenga credibilidad ante los ojos del país y de la comunidad internacional.

En el proyecto de ley estatutaria que se lleva hoy al Congreso también está contenida la metodología del Tribunal de Garantías, que reemplazará al Consejo Superior de la Judicatura como última instancia para decidir qué casos van a la justicia ordinaria.

También las características de la comisión técnica que recomendará, a través de visitas de campo, en cada caso. Este punto también es polémico y hay juristas que señalan que ese tribunal no resistiría el examen en la Corte Constitucional.

El Tribunal de Garantías está compuesto de ocho magistrados: cuatro civiles que no hayan estado vinculados con las Fuerzas Militares y cuatro militares retirados (preferiblemente abogados) que tendrán funciones de control de garantías y que decidirán la competencia en los casos en los que haya duda.

El proyecto también prevé la acción de una fiscalía militar que llegue a los terrenos, algunas veces en compañía del CTI. Específicamente, para operaciones sobre las que se tengan dudas o se denuncien delitos. Para la entrada en acción de esta comisión, el Ministerio de Defensa presentará una segunda ley ordinaria, paralela a la estatutaria.

Click here for original article.

CBC news – War on drugs draws Canadian military focus in Central America

By James Cudmore, CBC News

Posted: Feb 2, 2013 6:00 AM ET

The Harper government’s new focus on the Americas means a dramatic change of effort for the Canadian Forces and an overt participation in the U.S. war on drugs.

The commander of Canada’s operational forces, Lt.-Gen. Stuart Beare, says Canada is now focusing new efforts on Central America and the Caribbean.

In an exclusive interview with CBC News, Beare said Canada was active in attempts to sever the Central American drug artery pumping narcotics northwards into the United States and Canada.

“We’re partnered with our U.S. partners in the counter-narcotic effort on the southern flank, in Central and South America, as the flow goes north,” Beare revealed.

For years, Canada has participated in naval operations in the Caribbean Sea designed to thwart narcotics-smuggling efforts. Canada has also provided specialized radar and reconnaissance patrol aircraft to that fight.

But Beare suggests much more is being done in the region now than ever before.

Canadian troops are working and training with troops from Chile, Brazil, even Colombia, Beare said. But the effort is sharpest in Central America.

“We’re staying connected in the hemisphere, in particular, in capacity-building partners in the Caribbean Basin, sustaining a great effort with Jamaica, reaching into Belize and Guatemala, helping them to build their own capacity, to manage their own security forces and security conditions.”

Troops from the Petawawa, Ont.,-based Canadian Special Operations Regiment assisted in the training of a special Jamaican force, called the Counter Terrorism Operations Group.

Those Jamaican troops put their Canadian-taught skills to use in 2009 to free six Canadian crew aboard a CanJet 737 hijacked at Montego Bay. (Negotiators had previously convinced the hijacker to release roughly 150 passengers.)

Jamaica in turn has allowed Canada to construct and staff a forward-deployed operational staging centre, to help Canadian troops leap more quickly into action in the event of natural disasters or security threats in the region.

Increasing military co-operation

In Belize, Canada has engaged for several years trying to build both police and military capability through the Anti-Crime Capacity Building Program, run by the Foreign Affairs department. So far, more than $2 million has been spent to help improve Belize’s national forensic centre and its defence force.

Training provided to Jamaican security forces by Canadian special forces proved valuable in resolving the hijacking of a Canadian passenger jet in 2009. Training provided to Jamaican security forces by Canadian special forces proved valuable in resolving the hijacking of a Canadian passenger jet in 2009. (Adrian Wyld/Canadian Press)

But the military aspect of Canada’s engagement is increasing.

Last June, Canada donated 2,000 surplus military load-carrying vests to the Belize Defence Force. Belize is also a participant in the Canadian-run Military Training Co-operation Program — a program that provides military education and skills training to poor and developing countries.

More significantly, Canada has helped construct a modern military operations centre and lent support to a top-to-bottom Belizean strategic defence review.

And Belize has reciprocated, allowing Canadian soldiers to train in its dense jungles. Going back as far as 2008, teams of Canadian Civil Military Co-operation teams — essentially aid and engineering teams — headed to Belize for several weeks of hands-on assistance training in rural villages before deploying to Kandahar, Afghanistan.

Belize and Guatemala are strategic territory in the war on drugs. The two countries span the entire Central American isthmus, from the Caribbean Sea to the Pacific Ocean, bordering Mexico. They are literally pressed up against North America and are staging areas for drug runners looking to move their illicit product north.

It’s estimated that about 80 per cent of South American cocaine headed into North America somehow transits Guatemalan territory.

Complicating any response to the instability posed by narco-traffickers in the region is the relatively small size of defence forces in both countries.

The Belize Defence Force, for example, has fewer than 1,500 troops, while the Guatemalan military has 15,000.

Canada has supported the training of Guatemalan troops in peace support operations, but it’s not clear how else the military is involved there.

Despite Beare’s mention of Guatemala as an area of military focus, the Defence Department has not provided any information in response to CBC News questions about Canadian efforts there.

But it’s clear the area matters to the military. The former Chief of the Defence Staff, Walt Natynczyk, visited Guatemala City to meet senior defence officials there in 2011.

Beare says Canada’s contributions to the region are significant, though still small.

“You’re not seeing battalions and fleets and squadrons of aircraft,” he said. “What we’re doing there is persistent engagement, co-operation and collaboration with our partners in the hemisphere, to help raise their capacities, improve our network in the region, so we can respond to contingencies there.”

In January, The Canadian Press reported government documents it obtained showed the situation in Belize was deteriorating because of drug violence.

It also reported Defence Minister Peter MacKay was briefed that Belize was of increasing importance to Canada, “due to the increasingly precarious security situation in Central America, particularly along the Belize-Mexico border.”

Click here for original article.

Economist – Security in Colombia: Fear of missing out

The second-biggest guerrilla group tries to muscle in on peace talks

WHEN the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC), the country’s strongest guerrilla group, wanted to convince the government that they were serious about restarting peace talks, they tried to prove their good intentions by formally renouncing their decades-old practice of kidnapping for ransom. They also declared a unilateral two-month ceasefire when the talks began, which expired on January 20th. The country’s second-largest guerrilla force, the National Liberation Army (ELN), has adopted the opposite strategy: disgruntled that it has been excluded from the negotiations, which began in November, it has launched a new campaign of attacks to establish its relevance.

On January 18th the ELN abducted five workers for Canada’s Braeval Mining Corporation near the company’s gold and silver mining project in the department of Bolívar. The captives included a Canadian and two Peruvians. The group has also bombed an oil pipeline twice so far in 2013.

The ELN has left little doubt that the attacks are a cry for attention. “Why aren’t we at the [negotiating] table?,” asked Nicolás Rodríguez Bautista, its leader, in a video posted online the day the miners were kidnapped. “That’s a question for President [Juan Manuel] Santos,” he continued.

Since the mid-1960s, the ELN and FARC have fought parallel wars against the Colombian state. Although both groups espouse a Marxist ideology and have financed themselves through kidnappings and the drug trade, they have a long history of mutual mistrust. Whereas the FARC began as a peasant-based organisation and adopted Soviet-style doctrines and a strict military structure, the ELN was founded by university students, oil workers and priests who followed liberation theology and had close ties to Cuba. Unconfirmed reports suggest that Colombian army commanders and ELN leaders actually agreed in 2006 to fight the FARC together in some parts of the country.

Mr Santos has been careful not to give the ELN the public recognition it craves. According to El Colombiano, a newspaper in Medellín, the ELN sent a delegation to the peace talks, but it was turned away because the state’s representatives were not authorised to talk with it. Although the government has not ruled out parallel discussions, it worries that the narrow five-point agenda it has agreed to address with the FARC—aimed mostly at ending the country’s armed conflict—could be diluted by the ELN’s long-standing demand for a broad national convention about all the country’s woes. Moreover, many officials hope they can simply fold the ELN, which has just 2,500 fighters, into any deal with the FARC, which boasts around 9,000.

The government is taking a risk by continuing to sideline the ELN. Felipe Torres, a former member of its national directorate, recently told El Colombiano that the group is far stronger politically than militarily. He said that just one-fifth of its supporters have taken up arms. If true, that should make it easier for the ELN to follow the FARC’s lead by ceasing its campaign of violence and freeing its hostages—steps that the government will surely demand before opening any separate peace process with Colombia’s “other” guerrillas.